La Minoría de Edad como Causa de Inimputabilidad

¡Qué tal, queridos colegas abogados! hablemos hoy sobre la minoría de edad como causa de inimputabilidad en el derecho penal

En el derecho penal, la minoría de edad es una causa de inimputabilidad que exime a los menores de responsabilidad penal plena, basándose en su desarrollo psicológico y emocional aún en proceso. La ley considera que los menores carecen de madurez suficiente para comprender completamente la ilicitud de sus actos. Por ello, muchos ordenamientos jurídicos establecen una edad mínima, por debajo de la cual no se puede imputar penalmente a una persona. Esta edad varía según el país, para el caso de México es de 18 años. La inimputabilidad no significa impunidad, sino que se aplican medidas alternativas distintas a la prisión procurando con ello la reinserción social. El objetivo es garantizar el interés superior del menor, priorizando la rehabilitación sobre el castigo.

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De tal forma, por ejemplo, si un adolescente de 16 años que participa en un robo menor en una tienda. Aunque el acto cumple los elementos de un delito, como el sistema legal considera inimputable a los menores de 18 años, no procederá una acusación penal. En cambio, se activa un proceso administrativo o de justicia restaurativa. Pudiendo ser derivado a programas de orientación, acompañamiento psicológico o servicio a la comunidad. Esta medida busca abordar las causas subyacentes del comportamiento sin recurrir a sanciones penales tradicionales.

Al respecto LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES menciona lo siguiente:

Artículo 4. Niñas y Niños
Las niñas y niños, en términos de la Ley General, a quienes se les atribuya la comisión de un hecho
que la ley señale como delito estarán exentos de responsabilidad penal, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles a las que haya lugar.

La doctrina del interés superior del menor, reconocida en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, guía estas decisiones. Este principio establece que todas las acciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes deben priorizar su bienestar y desarrollo. Por eso, los sistemas penales juveniles suelen enfocarse en la reinserción social y no en la represión. Incluso cuando un menor comete un acto grave, como un robo con violencia, si está por debajo de la edad de imputabilidad, se aplican medidas alternas a la privación de la libertad. Esto no significa que se ignore el hecho, sino que se trata desde una lógica diferente a la del derecho penal común aplicada a los adultos.

LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES …

Artículo 12. Interés superior de la niñez
Para efectos de esta Ley el interés superior de la niñez debe entenderse como derecho, principio y
norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, en
concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En algunos países, como Argentina, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil establece que los menores de 16 años son inimputables, pero entre 16 y 18 años se les aplica un régimen especial. Por ejemplo, un joven de 17 años que comete un hurto puede ser sancionado con prestaciones comunitarias o libertad asistida. Este sistema reconoce cierto grado de responsabilidad, pero sin prisión. La finalidad es educar y reintegrar, no castigar. Así, se equilibra la necesidad de justicia con el respeto al desarrollo evolutivo del adolescente.

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En conclusión mis estimados abogados penalistas, la minoría de edad como causa de inimputabilidad responde a principios de justicia, desarrollo humano y protección de derechos fundamentales. Aunque los actos cometidos por menores pueden ser graves, el sistema penal busca tratarlos de manera diferenciada. Las medidas alternativas al encarcelamiento promueven la responsabilidad sin destruir el futuro del joven. La prevención, la educación y la reinserción son pilares de este enfoque. Este modelo refleja una evolución del derecho penal hacia una justicia restauradora. Su éxito depende de políticas públicas sólidas y del compromiso social con la infancia.

Tabla complementaria I.

Bibliografía:

• LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
• Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Asamblea General, resolución 44/25.

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Concurso real y Concurso ideal – Concurso de delitos – Derecho Penal

¡¿Qué tal, mi querido abogado penalista?! Hoy vamos a abordar el tema del concurso de delitos, específicamente hablaremos sobre el concurso real y el concurso ideal en el Derecho Penal…

El concurso real en el derecho penal se refiere a la comisión de varios delitos autónomos, ejecutados en momentos distintos o con intenciones separadas, que deben ser sancionados de forma independiente. Aunque los hechos puedan estar relacionados, cada uno configura una infracción penal diferente y merece una pena específica. Por ejemplo, si una persona roba en una tienda el lunes y luego agrede a un transeúnte el miércoles, se configuran dos delitos distintos. En estos casos, el juez debe imponer penas por cada delito y luego aplicar el concurso para determinar la pena total. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que el concurso real impide la absorción de penas, exigiendo su acumulación. Este sistema busca garantizar que cada injusto sea debidamente sancionado sin menoscabo del principio de culpabilidad.

En cambio, el concurso ideal ocurre cuando una sola acción u omisión tipificada en varios preceptos penales produce consecuencias plurales, pero se sanciona con una sola pena. Aquí, el agente realiza un único hecho que vulnera múltiples bienes jurídicos protegidos, como cuando alguien dispara un tiro que mata a una persona e hiere a otra. En este caso, aunque se lesionen varios derechos (vida e integridad física), se considera un solo acto material. La ley penal prevé que se aplique la pena más grave entre los delitos concurrentes, evitando la acumulación. Este tipo de concurso responde al principio de unidad del hecho, que evita la doble incriminación. Es esencial distinguirlo del concurso real para no vulnerar el principio de legalidad y proporcionalidad.

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Al respecto el CÓDIGO PENAL FEDERAL menciona lo siguiente:

Artículo 18.- Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Existe concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.

Artículo 19.- No hay concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado.

Un ejemplo claro de concurso real sería el de un individuo que, en días distintos, comete un hurto en un supermercado y luego realiza un fraude bancario. Aunque ambos delitos atentan contra el patrimonio, son hechos independientes en tiempo, modo y forma. Cada uno requiere una valoración penal separada, y las penas se acumulan dentro del límite legal establecido. En cambio, si la misma persona, en una sola acción, utiliza una tarjeta robada para realizar varias compras en distintas tiendas en el mismo día, podría configurarse un concurso ideal, si el sistema lo permite por unidad de acción. Esta distinción es crucial para evitar condenas desproporcionadas y garantizar un tratamiento justo del imputado.

En el concurso ideal, la doctrina suele distinguir entre concurso ideal propio e impropio. El primero se da cuando un solo acto configura varios tipos penales, como disparar contra un vehículo y causar daño a la propiedad, lesiones y poner en peligro la vida de varias personas. El segundo ocurre cuando una conducta encubre varios tipos, como en el caso de un secuestro que también constituye coacción y amenazas. En ambos casos, la jurisprudencia tiende a aplicar la pena del delito más grave, sin acumulación. Esta solución evita la multiplicación punitiva por un único comportamiento.

CÓDIGO PENAL FEDERAL…

Artículo 64.- En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza…

En caso de concurso real, se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de las máximas señaladas en el Título Segundo del Libro Primero…

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La diferencia entre ambos concursos tiene implicaciones prácticas importantes en la determinación de la pena final. En el concurso real, el juez suma las penas, pero suelen existir topes legales. En el concurso ideal, no hay suma, sino elección de la pena más grave, lo que puede beneficiar al reo. Por ejemplo, si alguien causa la muerte de dos personas en un accidente por conducción temeraria, podría haber concurso ideal si se considera un solo hecho, o concurso real si se acredita una conducta por cada víctima. Esta valoración depende del análisis fáctico y normativo del caso concreto, y es responsabilidad del juez realizarlo con rigor. Un error en esta calificación puede derivar en condenas inconstitucionales por exceso punitivo.

En conclusión colegas abogados y abogadas, distinguir entre concurso real y concurso ideal es fundamental para aplicar el derecho penal con justicia y proporcionalidad. Mientras el primero sanciona pluralidad de acciones, el segundo se centra en la unidad del hecho, evitando la fragmentación punitiva. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en que la valoración debe partir del análisis concreto del comportamiento del agente. Ejemplos como el robo múltiple en distintos momentos (concurso real) o el disparo que mata e hiere (concurso ideal) ilustran esta diferencia. Una incorrecta calificación puede afectar gravemente los derechos del imputado. Por ello, es esencial una interpretación rigurosa y fundamentada en cada caso.

Bibliografía:

• Mir Puig, Santiago. Derecho penal. Parte general. 6.ª ed. Barcelona: Editorial Reus, 2020.
• Claus Roxin, Derecho penal. Parte general, Tomo I, 2.ª ed. Madrid: Civitas, 2003.
• CÓDIGO PENAL FEDERAL

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Autoría y Participación – Derecho Penal

¡Saludos a la gente del mundo del Derecho en especial a las abogadas penalistas! Hoy vamos a tocar el tema de la autoría y la participación, dicho lo anterior entremos pues de lleno en la materia…

En la teoría del delito, la autoría y la participación constituyen categorías fundamentales para determinar la responsabilidad penal de los individuos en un hecho delictivo. La autoría se refiere al sujeto que realiza directamente el tipo penal, es decir, quien ejecuta materialmente la conducta típica, antijurídica y culpable. Este autor directo actúa con dominio sobre el hecho y asume la responsabilidad principal en el delito. La doctrina clásica distingue entre autor y partícipe, siendo el primero el centro de imputación penal. Esta distinción permite estructurar jerárquicamente la responsabilidad en los delitos cometidos por más de una persona. Comprender esta diferencia es esencial para aplicar correctamente las penas según el grado de intervención.

La participación, por su parte, comprende a quienes colaboran en la comisión del delito sin ser autores directos. Entre los participes se incluyen cómplices e instigadores, quienes aportan un apoyo físico o moral al autor principal. Aunque no ejecutan el delito, su intervención es relevante para que el hecho se consuma. La ley penal suele sancionar la participación con una pena menor que la del autor, en atención al menor grado de reprochabilidad. No obstante, en ciertos sistemas jurídicos, la participación puede alcanzar penas similares si la colaboración es decisiva. La configuración de la participación depende del tipo de delito y del contexto fáctico.

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Al respecto el  CÓDIGO PENAL FEDERAL  menciona lo siguiente:

Un concepto clave en la evolución moderna de la autoría es el de autor mediato, desarrollado principalmente por Hans Welzel y profundizado por Gunther Jakobs. El autor mediato es quien utiliza a otra persona como instrumento para cometer el delito, sin actuar físicamente. Este sujeto domina el aparato delictivo a través de un ejecutor directo, que carece de conocimiento del delito o actúa bajo error, coacción o inimputabilidad. La teoría del dominio del hecho, promovida por Claus Roxin, refuerza esta figura al exigir control funcional sobre el curso delictivo. Así, el autor mediato responde como autor directo, pese a no tocar la víctima. Esta figura es especialmente relevante en delitos de cuello blanco o cometidos por funcionarios subordinados.

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El surgimiento de nuevas modalidades para cometer delitos plantea desafíos en la autoría y participación, especialmente en contextos tecnológicos o corporativos. Estos delitos que antes no estaban previstos en los códigos penales tradicionales, pero han surgido de prácticas como el cibercrimen, la corrupción sistémica o los delitos ambientales. En tales casos, la autoría se difumina debido a la complejidad de las estructuras organizativas. Puede haber múltiples actores que contribuyen sin que ninguno tenga intención directa de delinquir. Aquí, la figura del autor mediato cobra especial relevancia, pues podría imputarse al jefe de la organización la responsabilidad total o parcial del delito, sin embargo, esto exige un análisis muy cauteloso por la problemática que implican dichas cuestiones.

La distinción entre autor y partícipe no siempre es clara en la práctica, sobre todo cuando se involucran redes de colaboración. En delitos complejos, como el narcotráfico o el terrorismo, la participación puede ser tan decisiva como la acción del ejecutor. Algunos autores proponen una teoría unitaria del autor, donde todos los que contribuyen eficazmente al delito son considerados autores. Sin embargo, la mayoría de los sistemas jurídicos mantienen la diferenciación para graduar la pena. La evolución de la criminalidad organizada exige repensar estos conceptos sin abandonar los principios de culpabilidad y legalidad. La autoría debe analizarse no solo desde el acto, sino desde el poder de decisión.

En conclusión mis estimados abogados y abogadas, la autoría y la participación son pilares del derecho penal que deben evolucionar con los tiempos. Figuras como el autor mediato exigen una interpretación más funcional y sistémica. La doctrina contemporánea, especialmente desde la escuela del dominio del hecho, ofrece herramientas para enfrentar estos retos. Es fundamental mantener el equilibrio entre eficacia represiva y garantías individuales. Los cambios a cualquier código penal en el mundo debe incorporar estos avances teóricos para hacer frente a la complejidad del delito moderno. Solo así se logrará una justicia penal verdaderamente justa y actualizada.

Bibliografía:

1. Roxin, Claus. Derecho Penal: Parte General. Volumen I: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Traducción de Diego-Manuel Luzón Peña y Antonio García Arán. 4ª ed. Madrid: Círculo de Lectores, 2003.
2. Jakobs, Günther. Derecho Penal: Parte General. Traducción de José Ignacio Aguilar Pastor. Madrid: Marcial Pons, 2005.
3. Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 8ª ed. Barcelona: Editorial Bosch, 2021.
4. CÓDIGO PENAL FEDERAL

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El Iter Criminis – Derecho Penal

¡¿Qué tal, querido colega defensor penalista?! Hoy quiero invitarlo a reflexionar sobre un tema que, sin duda, ha de ser de importancia para cualquier abogado que ejerza en dicha rama del derecho, así es me refiero a lo relativo al iter criminis…

El iter criminis, término de origen latino que significa “camino del delito“, se refiere al proceso evolutivo que sigue una persona desde la concepción de la idea delictiva hasta la consumación del delito. Este recorrido abarca diversas etapas que permiten al derecho penal analizar el grado de peligrosidad del sujeto y la punibilidad de sus actos. Las fases clásicas del iter criminis son: pensamiento del delito, formación del propósito, preparación, ejecución y consumación. No todos los actos dentro de este proceso son punibles, ya que el derecho penal suele exigir un avance más allá de la mera intención. Por ejemplo, pensar en robar no es delito, pero empezar a planificarlo con acciones concretas puede ser relevante penalmente. El estudio del iter criminis permite establecer límites entre la libertad individual y la intervención estatal.

La primera fase, el pensamiento del delito, es puramente interna y no constituye un acto punible. En esta etapa, una persona puede imaginar cometer un robo, un homicidio o una estafa, pero mientras no pase a la acción, no existe responsabilidad penal. Por ejemplo, una persona que piensa “me gustaría robarle a mi vecino” no comete delito alguno. El derecho penal no sanciona los pensamientos, por muy dañinos que puedan ser, ya que atentaría contra la libertad mental. Esta garantía es fundamental en los Estados de Derecho, donde solo se castigan conductas externas. Por tanto, el iter criminis comienza a tener relevancia jurídica cuando el sujeto deja el plano mental y actúa.

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La segunda etapa es la formación del propósito, en la que el sujeto decide firmemente cometer el delito. Aunque aún no realiza actos externos, esta decisión marca un avance en la voluntad delictiva. Por ejemplo, una persona que decide asesinar a su cónyuge por heredar una herencia ya ha formado el propósito. Sin embargo, esta fase sigue siendo impune en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, como el español o el mexicano. Solo cuando el propósito se traduce en conductas objetivas, como adquirir un arma o buscar un cómplice, puede comenzar a ser sancionable. Aquí se aprecia la importancia de distinguir entre intención y acción.

La tercera fase es la preparación, en la que el sujeto toma medidas concretas para facilitar la comisión del delito. Ejemplos incluyen comprar una pistola para un asesinato, crear una contraseña falsa para un fraude informático o alquilar un coche para un atraco. En muchos países, la preparación no es punible, salvo que la ley establezca expresamente su penalidad, como en delitos contra la seguridad del Estado o el terrorismo. Por ejemplo, adquirir sustancias explosivas con fines terroristas puede ser sancionado aunque no se haya detonado nada. Esta excepción responde a la necesidad de prevenir delitos graves antes de que ocurran.

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La cuarta fase, mis estimados colegas asesores legales, es la ejecución, en la que el sujeto inicia los actos directamente encaminados a la consumación del delito. Aquí comienza la tentativa, que sí es punible. Por ejemplo, si alguien apunta con un arma a su víctima y dispara, aunque no la mate, ya ha iniciado la ejecución. En este punto, el ordenamiento jurídico considera que el peligro para el bien jurídico es real e inminente. La tentativa se castiga, aunque con una pena menor que el delito consumado. Esta fase es crucial porque demuestra que el sujeto ha traspasado el umbral de la legalidad y ha actuado con peligrosidad concreta.

En relación a la tentativa el Código Penal Federal menciona lo siguiente:

Artículo 12.- Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.

Para imponer la pena de la tentativa el juez tomará en cuenta, además de lo previsto en el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito…

Finalmente, estimados colegas asesores penalistas, la consumación ocurre cuando se realizan todos los elementos del tipo penal. Por ejemplo, si el disparo mencionado anteriormente causa la muerte de la víctima, el delito se consuma como homicidio. En esta etapa, el bien jurídico (la vida) ha sido lesionado completamente. El iter criminis culmina aquí, y el sujeto responde por el delito en su máxima expresión. Comprender este recorrido ayuda a los operadores jurídicos a graduar la responsabilidad penal. Además, permite diseñar políticas de prevención basadas en la intervención temprana en ciertos delitos graves. Así, el iter criminis no solo es un concepto teórico, sino una herramienta práctica del derecho penal.

Secuencia del iter criminis :

Pensamiento del delito → (no punible)
Formación del propósito → (no punible)
Preparación → (generalmente no punible, salvo excepciones legales)
Ejecución → (punible como tentativa)
Consumación → (delito completo, máxima sanción)
Agotamiento → (el proceso finaliza con la consumación o la interrupción)

Bibliografía:

• Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 7.ª ed., Editorial Tecnos, 2021.
• Cuello Calón, Gonzalo. Manual de Derecho Penal. Parte General. 10.ª ed., Editorial Bosch, 2019.
• Zipf, Klaus. Derecho Penal: Parte General. 2.ª ed., Editorial Porrua, 2020.
• CÓDIGO PENAL FEDERAL

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El Delito por omisión – Derecho Penal

¿¡Qué tal, queridos colegas de la abogacía y entusiastas del derecho!? Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema que, sin duda, ha de ser de importancia para cualquier litigante penalista, ¡si! en efecto me refiero a los delitos por omisión…

Pues bien…El delito de o por omisión, se refiere a la comisión de un ilícito penal no por una acción directa, sino por la falta de intervención cuando existía el deber jurídico de actuar. A diferencia de los delitos comisivos, en los que el sujeto realiza una conducta activa que daña un bien jurídico, en los delitos por omisión el daño se produce por la inacción. Este tipo de delitos solo es punible cuando la ley establece que el sujeto tenía la obligación específica de prevenir el resultado lesivo. La omisión solo es penalmente relevante si quien omitió actuar tenía el deber de garantizar la protección del bien jurídico afectado. Por ejemplo, un padre que no socorre a su hijo menor en peligro de ahogamiento puede ser responsable penalmente. Este deber puede derivarse de la ley, un contrato, una situación de riesgo creada por el propio omitente o una relación de especial protección.

Al respecto el CÓDIGO PENAL FEDERAL nos dice lo siguiente:

Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenia el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.

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Un caso claro de delito por omisión sin representación ocurre cuando un individuo, sin tener un cargo formal o relación de representación legal, tiene el control efectivo sobre una situación de riesgo. Por ejemplo, una persona que encuentra a un niño inconsciente en la calle y decide no llamar a emergencias, pudiendo hacerlo, podría incurrir en omisión si se demuestra que asumió de hecho el cuidado del menor al acercársele. Aunque no sea el tutor legal, su intervención inicial genera una obligación de continuar actuando. Este principio se conoce como “garante por asunción de hecho“. La jurisprudencia reconoce que quien toma el control de una situación peligrosa no puede luego abandonarla sin consecuencias. Por ello, la omisión en este contexto puede ser tan punible como una acción directa.

Otro ejemplo práctico, estimados abogados, es el de un transeúnte que ve a una persona sufriendo un infarto en la vía pública y posee conocimientos médicos, pero decide no brindar auxilio. En muchos ordenamientos jurídicos, como en algunos países de Europa, existe el “delito de no socorro”, que castiga esta omisión. Sin embargo, en sistemas como el mexicano o el español, se requiere que exista un deber especial de intervención, no solo una posibilidad moral. La diferencia radica en que no toda omisión es punible, sino solo aquella en la que el sujeto ocupa una posición de garante. Por eso, el simple espectador generalmente no responde penalmente, salvo que haya creado el riesgo o asumido el cuidado. Esta distinción es clave para evitar la criminalización de la indiferencia general.

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Otro caso ejemplificativo seria: el de un vigilante de una piscina que observa cómo un niño se ahoga y, por negligencia o mala fe, no actúa para rescatarlo. Aunque no sea el propietario del lugar, su función como encargado de la seguridad lo convierte en garante del bienestar de los usuarios. En este caso, su omisión constituye un delito, ya que tenía el deber específico de prevenir accidentes. La omisión no se juzga solo por el resultado, sino por el incumplimiento de una obligación funcional clara. Este tipo de situaciones son frecuentes en contextos laborales donde se delega responsabilidad sobre la seguridad de terceros. La jurisprudencia ha establecido que el deber de actuar nace del rol desempeñado, no necesariamente de un vínculo personal.

En el ámbito doméstico, también se presentan casos de omisión. Por ejemplo, una cuidadora de adultos mayores que deja sin atención a una persona con discapacidad severa, provocando deshidratación o lesiones por inmovilidad prolongada, puede ser sancionada penalmente. Aunque no haya representación legal formal, el contrato de trabajo o la relación de confianza establece un deber de cuidado. La omisión en este caso no es pasividad neutra, sino una violación de una obligación asumida. El derecho penal considera que quien acepta el encargo de cuidar a otro se convierte en garante de su integridad física. Por eso, su inacción deliberada o negligente puede configurar un delito como lesiones u homicidio por omisión. La gravedad del resultado influye en la sanción, pero el núcleo del delito sigue siendo la omisión del deber.

En conclusión, el delito de omisión sin representación se configura cuando una persona, sin ser representante legal formal, tiene el control efectivo sobre un bien jurídico y omite actuar frente a un peligro inminente. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que el deber de actuar puede surgir de funciones asumidas, relaciones de hecho o situaciones de dependencia. No basta con la posibilidad de ayudar, sino que debe existir un vínculo jurídico o fáctico que imponga la obligación. Ejemplos como el vigilante, la cuidadora o quien asume el cuidado de un niño perdido ilustran cómo la omisión puede ser tan lesiva como una acción. Este tipo de delitos refuerzan la idea de que la responsabilidad penal no se limita a lo que se hace, sino también a lo que se deja de hacer. Así, el derecho penal protege no solo contra agresores activos, sino también contra quienes, pudiendo evitar el daño, eligen no hacerlo.

Bibliografía:

1. Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 8.ª ed., Editorial Tecnos, 2021.
2. Claus Roxin. Derecho Penal. Parte General. Tomo I: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Traducción de Luis Greco, Editorial Civitas, 2003.
3. Jakobs, Günther. Derecho Penal. Parte General. Traducción de Mariano Bacigalupo, Editorial Bosch, 1995.
4. CÓDIGO PENAL FEDERAL

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Culpa Consciente (con representación) y Culpa Inconsciente (sin representación)

¿Qué tal mi querido Asesor Jurídico?, en esta ocasión hablemos sobre la culpa consciente e …..y que nos dice la teoría del delito sobre dicha cuestión…

La culpa consciente, también conocida como culpa con representación, como bien lo saben mis estimados colegas abogados penalistas, se refiere a aquella situación en la que una persona actúa con pleno conocimiento de que su conducta puede causar un resultado dañoso. En este caso, el sujeto prevé las consecuencias de sus acciones, pero decide asumir el riesgo. Por ejemplo, un conductor que maneja a exceso de velocidad en una zona escolar conoce el peligro que representa para los niños, pero elige hacerlo igual. Esta forma de culpa implica un juicio previo sobre la posibilidad del daño, lo que refleja una voluntad de asumir consecuencias negativas. La ley suele sancionar más severamente este tipo de conducta por la premeditación implícita. Así, la representación mental del daño es clave para determinar la responsabilidad penal o civil.

En contraste, la culpa inconsciente, o sin representación, ocurre cuando el agente no prevé el resultado dañoso de su acción, a pesar de que debió y pudo haberlo previsto. Aquí no hay intención ni previsión del daño, pero sí una falla en el deber de cuidado. Por ejemplo, un médico que olvida retirar un instrumento quirúrgico tras una operación no lo hace a propósito, pero incumple con el estándar de diligencia esperado. Aunque no pensó en las consecuencias, su conducta es censurable por negligencia. Este tipo de culpa se basa en el criterio del “hombre medio”, es decir, lo que una persona razonable habría hecho en las mismas circunstancias. Por ello, la sanción, aunque presente, suele ser menos grave que en la culpa consciente.

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Sanciones a los delitos culposos en el CÓDIGO PENAL FEDERAL : …

Aplicación de sanciones a los delitos culposos

Artículo 60.- En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de aquéllos para los que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá, en su caso, suspensión hasta de tres años de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso…

Un ejemplo práctico de culpa consciente en el derecho penal se da cuando un fabricante sabe que un producto tiene un defecto potencialmente mortal, pero decide lanzarlo al mercado para evitar pérdidas económicas. Aunque no desea que alguien se lastime, acepta el riesgo como consecuencia probable. Esta conducta revela una representación clara del daño futuro. En estos casos, el hecho incluso podría calificarse como dolo eventual, muy cercano a la culpa consciente. El elemento clave es que el sujeto dice “sé que puede pasar, pero lo hago igual”. Esta actitud revela una responsabilidad moral y legal más profunda que en otros tipos de culpa.

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Por otro lado, un caso de culpa inconsciente puede observarse cuando un padre deja accidentalmente a su hijo pequeño en el auto bajo el sol intenso, porque se distrajo con su rutina diaria. No tuvo la intención de poner en riesgo al niño, ni siquiera pensó en las consecuencias. Sin embargo, su falta de atención constituye una omisión grave del deber de cuidado. Aunque no hubo representación del daño, la ley puede considerarlo responsable por negligencia. Este tipo de situaciones son trágicas, pero ilustran cómo la ausencia de previsión no exime de responsabilidad si se incumple con el deber objetivo de cuidado. La sociedad exige un nivel mínimo de atención, especialmente en contextos de alto riesgo.

Desde el punto de vista jurídico, la distinción entre culpa con y sin representación es fundamental para graduar la responsabilidad. La culpa consciente implica una mayor censurabilidad porque el sujeto actúa con conocimiento del peligro. En cambio, la culpa inconsciente se centra en la previsibilidad objetiva del resultado, no en lo que el sujeto efectivamente pensó. Esto permite al sistema legal evaluar la conducta no solo desde la intención, sino desde el deber de actuar con prudencia. Ambas formas de culpa son sancionables, pero con diferentes grados de reproche. Esta diferenciación protege tanto a las víctimas como a los agentes, garantizando justicia proporcional.

Al respecto en el CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES tenemos el siguiente criterio de oportunidad para los delitos de carácter culposo.

Artículo 202. Oportunidad…
el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa.

En resumen mis queridas abogadas penalistas, la culpa consciente y la inconsciente representan dos caras de la responsabilidad por imprudencia. La primera exige que el sujeto haya previsto el daño y lo haya asumido; la segunda, que aunque no lo previó, debió haberlo hecho. Ejemplos cotidianos, como conducir ebrio (consciente) o dejar un enchufe defectuoso sin reparar (inconsciente), muestran cómo ambas formas están presentes en la vida real. Comprender esta distinción ayuda a aplicar sanciones justas y a fomentar una cultura de responsabilidad. Tanto en el derecho penal como en el derecho civil, estos conceptos son pilares para juzgar conductas negligentes. Su correcta aplicación equilibra justicia, prevención y reparación del daño.

Bibliografía:

• Mir Puig, Santiago. Derecho penal: parte general. 7.ª ed., Editorial Tecnos, 2021.
• Claus Roxin, Derecho penal: parte general, Tomo I, Editorial Civitas, 2005.
• García Arán, Miguel. Lecciones de derecho penal: parte general. 2.ª ed., Editorial Dykinson, 2019.
• CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
• CÓDIGO PENAL FEDERAL

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El Dolo – Derecho Penal

¿Qué tal mi querido Asesor Jurídico?, en esta ocasión hablemos sobre el dolo y que nos dice la teoría del delito sobre dicha cuestión…

El dolo es un elemento esencial del tipo penal que se refiere a la conciencia y voluntad del agente de realizar una conducta típica y antijurídica. Para que exista dolo, el sujeto debe tener conocimiento de los elementos objetivos del delito y desear o aceptar su realización. Se compone de dos aspectos: el intelectual, que consiste en el conocimiento de las circunstancias del hecho, y el volitivo, que implica la voluntad de llevarlo a cabo. Sin dolo, no puede hablarse de responsabilidad penal en la mayoría de los delitos dolosos. Este elemento distingue al autor consciente de quien actúa por imprudencia. El dolo es, por tanto, clave para determinar la culpabilidad en el derecho penal.

El dolo directo o de primer grado ocurre cuando el agente desea directamente el resultado típico. Por ejemplo, si una persona dispara con intención clara de matar a otra, actúa con dolo directo. Aquí mis estimados asesores legales, el resultado no solo es previsto, sino que es el fin perseguido por el sujeto. Este tipo de dolo implica una voluntad plena y determinada hacia la consumación del delito. Es el más grave desde el punto de vista moral y penal. La jurisprudencia lo considera el paradigma del comportamiento delictivo intencional.

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El CÓDIGO PENAL FEDERAL menciona lo siguiente respecto al dolo:

Artículo 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley…

El dolo directo de segundo grado se da cuando el agente no desea directamente el resultado, pero lo acepta como inevitable o altamente probable en su plan. Por ejemplo, si alguien coloca una bomba en un edificio para asesinar a una persona, pero sabe que otras personas morirán, actúa con dolo directo de segundo grado respecto a esas muertes colaterales. Aunque no sea su objetivo principal, asume y acepta la producción del resultado. Este tipo de dolo también conlleva plena responsabilidad penal. La diferencia con el dolo de primer grado radica en el grado de deseo del resultado.

El dolo eventual se presenta cuando el sujeto no desea el resultado, pero lo prevé como posible y, aun así, lo acepta. Por ejemplo, un conductor que maneja a gran velocidad por una zona peatonal, consciente del riesgo de atropellar a alguien, pero continúa. Aunque no quiera matar a nadie, acepta el riesgo, lo que configura dolo eventual. Este tipo de dolo es frecuente en delitos contra la vida y la integridad personal. La jurisprudencia lo sanciona con la misma gravedad que el dolo directo en muchos casos.

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El CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES menciona lo siguiente respecto a la clasificación del tipo penal:

Artículo 141.

…En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente.

En resumen mis queridos colegas abogados, el dolo es un pilar del injusto penal doloso y se clasifica en directo (de primer y segundo grado) y eventual, según el grado de voluntad y aceptación del resultado. Cada clase implica una diferente intensidad psicológica, pero todas requieren conciencia del riesgo y una actitud de asunción. Ejemplos prácticos ayudan a distinguir entre querer el resultado, aceptarlo como medio o tolerar su ocurrencia. La doctrina y jurisprudencia penal han desarrollado estas categorías para una imputación justa. Comprenderlas es esencial para aplicar correctamente el derecho penal.

Nota: Esta clasificación se basa en la doctrina clásica del derecho penal, especialmente en las teorías desarrolladas por autores como Roxin, Mir Puig y Jescheck. El dolo eventual, aunque menos intenso que el directo, es igualmente punible en la mayoría de los ordenamientos jurídicos.

**Bibliografía:**

1. Mir Puig, Santiago. *Derecho penal. Parte general*. 8.ª ed., Editorial Reus, 2021.
2. Roxin, Claus. *Derecho penal. Parte general*, Tomo I. Editorial Civitas, 2003.
3. Jescheck, Hans-Heinrich y Weigend, Thomas. *Tratado de Derecho Penal. Parte General*. Trad. de Manuel Cancio Meliá, Bosch, 1996.

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Exclusión de la culpabilidad (error invencible) y la Punibilidad atenuada (error vencible)

¿Qué tal mis queridos colegas defensores penalistas?, en esta ocasión halaremos un poco sobre el error invencible y el error vencible, y que nos dice la teoría del delito sobre dicha cuestión…

La exclusión de la culpabilidad por error invencible se presenta cuando una persona comete un acto típico sin darse cuenta de su ilicitud, y esta falta de conocimiento no puede evitarse razonablemente. Por ejemplo, una persona encuentra en la calle un reloj que parece abandonado y lo lleva a su casa pensando que no comete delito, cuando en realidad el objeto tenía dueño. Si se demuestra que no había indicios claros de propiedad, el error es invencible. En este caso, el sujeto carece de dolo y, por tanto, no es culpable. El ordenamiento penal reconoce que no puede exigírsele a una persona más de lo que razonablemente puede saber. Por ello, el error invencible excluye completamente la culpabilidad.

En contraste, el error vencible ocurre cuando la persona también desconoce la ilicitud del acto, pero ese desconocimiento podría haberse evitado con la debida diligencia. Por ejemplo, un conductor que no se percata de que el semáforo está en rojo porque estaba distraído con su celular. Aunque no actuó con intención de infringir la norma, su falta de atención fue evitable. En estos casos, la culpabilidad no se excluye, pero sí se atenúa. El sujeto actúa con una culpabilidad reducida, ya que no tenía pleno control sobre su conocimiento del deber. Por ello, la ley permite una punibilidad atenuada como consecuencia. Esta figura busca un equilibrio entre la responsabilidad individual y la imperfección humana.

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La doctrina penal distingue claramente entre ambos tipos de error para garantizar una justicia proporcional. Como señala Claus Roxin, el error sobre la ilicitud afecta directamente al juicio de culpabilidad, siendo decisivo si fue evitable o no. En el caso del error invencible, el agente no puede ser reprochado moralmente, pues actuó conforme a su conciencia jurídica razonable. En cambio, en el error vencible, sí existe un reproche, aunque limitado. Esta distinción es clave en sistemas que adoptan el modelo de culpabilidad funcional. Así, se evita tanto la impunidad injustificada como la sanción desproporcionada.

Un ejemplo práctico adicional es el de un médico que administra un medicamento prohibido creyendo, por una información desactualizada, que aún está autorizado. Si el profesional no tenía forma razonable de acceder a la normativa actualizada, el error es invencible y no habría culpabilidad. Pero si el cambio normativo fue ampliamente difundido y el médico no se mantuvo al día, el error es vencible. En este último caso, aunque no actuó con dolo, su negligencia profesional reduce su esfera de reproche, pero no la elimina. Por ello, la pena puede ser rebajada, aplicando la punibilidad atenuada. Este criterio refuerza la responsabilidad profesional sin desconocer los límites humanos.

El CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES menciona lo siguiente respecto del tema abordado:

Artículo 405. Sentencia absolutoria…
…el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible…

III. Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad, y la inexigibilidad de otra conducta.

De ser el caso, el Tribunal de enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida.

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En conclusión mis estimados asesores Jurídicos, la distinción entre error invencible y vencible es fundamental para un sistema penal justo. Mientras el primero excluye la culpabilidad por ausencia de reproche, el segundo la reduce por una falla evitable. Ambos casos ilustran cómo el derecho penal valora no solo la acción, sino también la capacidad de conocimiento del agente. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en que la culpabilidad debe ser personal y razonable. Ejemplos cotidianos, como el uso de semáforos o normas médicas, muestran la aplicación práctica de estos principios. Así, el derecho sanciona con justicia, sin ignorar las circunstancias humanas.

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Bibliografía:

1. Roxin, C. (2006). Derecho Penal: Parte General. Volumen I: Fundamentos. La estructura de la infracción penal. Madrid: Editorial Civitas.
2. Mir Puig, S. (2005). Derecho Penal. Parte General. 5ª ed. Barcelona: Editorial Reus.
3. Jakobs, G. (1995). Derecho Penal: Parte General. Trad. de la 2ª ed. alemana. Madrid: Editorial Civitas.

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El Consentimiento Como Excluyente del Delito

¿Qué tal mis queridos colegas defensores penalistas?, en esta ocasión halaremos un poco sobre el consentimiento como excluyente del delito y que nos dice la teoría sobre dicha cuestión…

El consentimiento como excluyente del delito es un principio fundamental en el derecho penal que permite que un acto, que en apariencia podría constituir un delito, no sea punible si la víctima ha dado su autorización libre, informada y consciente. Este mecanismo se aplica en casos donde el derecho lesionado es de carácter patrimonial o personal, como el daño a la propiedad o ciertas lesiones corporales leves. Por ejemplo, en una pelea de boxeo autorizada, los participantes aceptan el riesgo de lesiones, por lo que no se configura el delito de lesiones. Sin embargo, el consentimiento no opera cuando se vulneran bienes jurídicos esenciales, como la vida (no obstante hay que considerar que hay legislaciones en ciertas latitudes que consideran métodos como la eutanasia). Tampoco es válido si es obtenido mediante engaño o coacción. Este límite garantiza que el derecho penal no se vacíe de contenido ético.

Un ejemplo claro del consentimiento como excluyente se observa en la práctica de deportes de contacto. Aunque durante un partido de fútbol un jugador pueda lesionar a otro con una entrada fuerte, si esta ocurre dentro de las reglas del juego y sin intención de dañar, no se considera delito. Esto se debe a que los jugadores, al participar, aceptan implícitamente ciertos riesgos. El ordenamiento jurídico reconoce este tipo de consentimiento tácito en actividades sociales reguladas. No obstante, si la acción excede los límites del juego limpio, como una agresión fuera de regla con intención de herir, el consentimiento ya no opera. En ese caso, sí podría configurarse un delito.

Al respecto el Código Penal Federal menciona lo siguiente:

Artículo 15.- El delito se excluye cuando:..
III.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los
siguientes requisitos:
a) Que el bien jurídico sea disponible;
b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo; y
c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o bien, que el
hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente presumir que, de
haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo;

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Otro caso práctico es el de cirugías médicas. Un paciente que firma un consentimiento informado autoriza al médico a realizar una intervención que, sin esa autorización, podría considerarse lesiones. Aquí, el consentimiento excluye la antijuridicidad del acto, siempre que el procedimiento sea necesario y se realice con profesionalismo. Si el médico realiza una operación distinta a la autorizada, el consentimiento no cubre ese acto y podría ser penalmente responsable. Además, si el paciente no fue debidamente informado de los riesgos, el consentimiento carece de validez. Este ejemplo muestra cómo el consentimiento debe ser consciente y específico para tener efecto excluyente.

En el ámbito sexual, el consentimiento es clave para diferenciar una relación legítima de una violación. Si una persona participa en un acto sexual con el acuerdo libre de la otra parte, no existe delito. Sin embargo, si se demuestra que hubo coerción, engaño o incapacidad para consentir (por edad o estado mental), el consentimiento no es válido. Por ejemplo, una persona menor de edad no puede dar un consentimiento válido, por lo que cualquier relación sexual con ella es delito, independientemente de su aparente acuerdo. Esta excepción protege a grupos vulnerables y refleja que no todos los derechos pueden ser objeto de disposición personal.

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En conclusión, el consentimiento como excluyente del delito es un instituto que equilibra la autonomía individual con la protección de bienes jurídicos esenciales. Su aplicación requiere que el consentimiento sea libre, informado, previo y referido a un bien que pueda ser objeto de disposición. No opera frente a delitos contra la vida, la integridad moral o cuando afecta intereses de terceros. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en que su alcance es limitado y debe interpretarse con rigor. Este principio refuerza el Estado de Derecho al reconocer la libertad personal, pero sin poner en riesgo valores superiores protegidos por el orden penal.

Hasta la próxima abogados y abogadas penalistas …

Bibliografía:

1. Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 6.ª ed., Thomson Reuters, 2020.
2. García-Pablos de Molina, Antonio. Derecho Penal. Parte General. 10.ª ed., Iustel, 2019.
3. Claus Roxin, Derecho Penal. Parte General. Volumen I: Fundamentos. La estructura de la infracción penal. Trad. de Diego-Manuel Luzón Peña y Antonio García Pablos de Molina, Editorial Civitas, 2003.

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La Presunción Iuris Tantum en la Tipicidad como Indicio de Antijuridicidad

¿Qué tal abogadas y abogados? en esta ocasión hablemos un poco sobre la presunción iuris tantum en el ámbito penal, así que manos a la obra…

La presunción iuris tantum en la tipicidad como indicio de antijuridicidad es un principio fundamental del derecho penal que establece que, al constatar que un hecho encuadra en una figura típica descrita por la ley penal, se presume que dicho hecho es también antijurídico, es decir, contrario al ordenamiento jurídico. Esta presunción no es absoluta, sino relativa, lo que significa que puede ser desvirtuada con pruebas en contrario. Por ejemplo, si una persona hiere a otra en legítima defensa, aunque el hecho sea típico (lesiones), no es antijurídico porque está justificado. La tipicidad, entonces, actúa como un indicio razonable de antijuridicidad, pero no su prueba definitiva. Este mecanismo permite agilizar el proceso penal sin sacrificar el análisis jurídico completo. Es un puente entre la descripción legal del delito y su valoración ético-jurídica.

Un ejemplo práctico se observa en el delito de hurto: si alguien sustrae un objeto ajeno sin derecho y con ánimo de apropiárselo, su conducta es típica según el Código Penal Federal. En principio, se presume que esta acción es antijurídica, es decir, que vulnera un bien jurídico protegido, como la propiedad. Sin embargo, si esa persona tomó el objeto para salvar una vida (por ejemplo, usar un vehículo para trasladar a un herido al hospital), la antijuridicidad puede desaparecer por estado de necesidad. Aquí, la presunción iuris tantum permite partir del supuesto de ilicitud, pero admite que se examine el contexto. La carga de la prueba recae en quien alega la justificación. Así, el sistema penal evita condenas automáticas sin ignorar las circunstancias atenuantes.

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Otro caso ilustrativo es el del médico que practica una eutanasia a un paciente terminal con su consentimiento. Formalmente, este acto puede encuadrarse en el tipo penal de homicidio, por lo tanto, es típico. Según la presunción iuris tantum, se asumiría que es también antijurídico. Pero si el ordenamiento jurídico permite la eutanasia bajo ciertas condiciones, o si se argumenta que el acto fue un ejercicio de autonomía médica y personal, puede cuestionarse la antijuridicidad. En este escenario, la tipicidad sirve como punto de partida, no como conclusión. El juez debe evaluar si existen causas de justificación o exoneración. Así, la presunción facilita el análisis sin impedir una decisión basada en principios superiores.

En el ámbito del derecho administrativo sancionador, también se aplica este principio. Por ejemplo, si un ciudadano circula sin licencia de conducir, su conducta es típica según la ley de tránsito. Se presume que esta acción es antijurídica, pues pone en riesgo la seguridad vial. Sin embargo, si el conductor puede probar que estaba en una emergencia médica y no tuvo tiempo de obtener el documento, podría alegar estado de necesidad. Aunque el hecho es típico, la antijuridicidad puede no existir. Aquí, la presunción iuris tantum permite imponer sanciones con celeridad, pero garantiza el derecho a la defensa. Es un equilibrio entre eficacia y justicia material.

Finalmente, la importancia de esta presunción radica en su función estructurante del razonamiento jurídico. Al considerar la tipicidad como indicio de antijuridicidad, el sistema penal evita analizar todos los elementos de forma aislada, integrando lógica y economía procesal. No obstante, su carácter relativo protege al individuo contra condenas injustas. Casos como el de un padre que toma alimentos para alimentar a su familia en situación de extrema pobreza muestran cómo la tipicidad no siempre conduce a la culpabilidad. La presunción abre la puerta a la argumentación sobre justificaciones. Así, el derecho penal no se convierte en una máquina automática, sino en un sistema sensible a la realidad humana.

En suma y como reflexión final si nuestros representados encajan en una conducta típica considerada como delito, pero nosotros sabemos que esta no es antijurídica, nos corresponde a nosotros como abogados defensores desvirtuar dicha presunción iuris tantum por medio de alguna causa de justificación… Saludos colegas Licenciados en Derecho y hasta la próxima…

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Bibliografía

1. Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 6.ª ed., Thomson Reuters, 2021.
2. García Arán, Miguel. Curso de Derecho Penal. Parte General. 4.ª ed., Civitas, 2019.
3. Claus Roxin, Derecho Penal. Parte General. Volumen I: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Trad. de Diego-Manuel Luzón Peña, Marcial Pons, 2003.

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