1. El Procedimiento Abreviado: ¿Eficiencia o Riesgo?

¿Que tal gente de la comunidad jurídica?… realmente el tema del procedimiento abreviado me engancho cuando comencé a verlo desde la óptica de las estadísticas, en especial tomando como referencia aquellas que proceden del Estado donde actualmente radico, es decir, Baja California y no es para menos por que debiendo ser una forma alternativa más para la terminación anticipada de un proceso penal, se ha convertido en la gran figura dentro de dichos procedimientos. lo cual más que hacerme ver esto como un gran éxito del nuevo sistema de justicia penal, me hace dudar del mismo no en su eficacia numérica, sino como en el trasfondo de dicho mecanismo se pudiesen estar cometiendo injusticias estructurales en las que trataré de ahondar a continuación.

1.1 Concepto y regulación en el CNPP

El procedimiento abreviado es una figura prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), concebida como un mecanismo de simplificación procesal. De acuerdo con los artículos 201 al 207 del CNPP, permite que el imputado solicite o acepte un acuerdo para ser juzgado sin necesidad de llegar a la etapa de juicio oral, siempre que admita su responsabilidad en los hechos imputados. El juez de control verifica que se cumplan los requisitos formales, incluida la voluntariedad y la suficiencia de pruebas mínimas.

El objetivo es descongestionar los tribunales y acelerar la resolución de causas penales, algo que responde a principios de celeridad y economía procesal. Sin embargo, esta herramienta no está exenta de críticas y riesgos, especialmente cuando su uso se convierte en la norma más que la excepción.

Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez
Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes
requisitos:
I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación
y exponer los datos de prueba que la sustentan. …
III. Que el imputado:…
d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa…

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1.2 Contexto de uso en Baja California (basado en los datos analizados)

Los datos del Poder Judicial del Estado de Baja California revelan un panorama preocupante. En particular, los gráficos que hemos desarrollado muestran que las sentencias condenatorias por procedimiento abreviado representan un porcentaje notablemente alto en comparación con otros tipos de resoluciones, como las sentencias definitivas o absolutorias.

Por ejemplo, según los registros públicos de los últimos tres trimestres del año 2024, en varios partidos judiciales las resoluciones por procedimiento abreviado superan ampliamente a las resoluciones definitivas y absolutorias combinadas. Esto indica una dependencia sistémica de este mecanismo, lo cual, aunque eficiente en términos administrativos, podría debilitar las garantías procesales fundamentales.

1.3 Opinión crítica: ¿por qué preocupa su sobreutilización?

La sobreutilización del procedimiento abreviado plantea inquietudes sustantivas. En un contexto donde muchos imputados carecen de los recursos para costear una defensa adecuada, se ha detectado que aceptan este procedimiento no por convicción de culpabilidad, sino por temor a enfrentar largas condenas en caso de acudir a juicio.

Esto erosiona el principio de presunción de inocencia y puede derivar en injusticias estructurales, donde la presión institucional convierte a esta figura procesal en un instrumento de condena rápida, más que en un mecanismo genuino de resolución pactada.

2. Reflexiones Doctrinales y Jurídicas

2.1 Jordi Ferrer: análisis sobre la justicia material vs. eficiencia procesal

Jordi Ferrer Beltrán ha insistido en la necesidad de distinguir entre justicia material y eficiencia procesal. En su obra “Prueba y Verdad en el Proceso”, Ferrer alerta sobre los riesgos de privilegiar la rapidez y eficiencia sobre la búsqueda real de la verdad, especialmente cuando los procesos simplificados imponen cargas asimétricas sobre las partes más vulnerables del sistema penal.

Ferrer sostiene que la verdad procesal no puede sacrificarse en aras de la eficacia, advirtiendo que, si bien la justicia penal debe ser eficiente, esta no debe convertir la presunción de inocencia en una mera formalidad.

2.2 Michele Taruffo: valoración de la prueba y búsqueda de la verdad

Michele Taruffo, en “La Prueba de los Hechos”, enfatiza que la esencia del proceso penal radica en la construcción racional de la verdad a partir de la prueba. Para Taruffo, un procedimiento que omite o minimiza la actividad probatoria —como sucede en el procedimiento abreviado— dificulta la consecución de una decisión realmente justa.

Esta perspectiva resulta clave para cuestionar el alto volumen de procedimientos abreviados en Baja California, pues este mecanismo reduce el espacio para la valoración de la prueba y puede trivializar la función epistemológica del proceso penal.

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2.3 Citas de la CNDH sobre la necesidad de garantías efectivas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido en múltiples informes recomendaciones acerca de la necesidad de fortalecer las garantías procesales para los imputados. En su Informe Anual 2022, la CNDH señala que el procedimiento abreviado debe utilizarse con extrema cautela para evitar la inducción de confesiones por conveniencia o la coacción institucional, destacando la importancia de una defensa técnica real y adecuada para preservar la legalidad y la justicia.

3. Riesgos Detectados: Abogados de Oficio, Presión y Vulnerabilidad

3.1 Situaciones de desventaja: la presión para aceptar culpabilidad

Uno de los fenómenos más preocupantes detectados es la presión que enfrentan los imputados, especialmente aquellos sin recursos suficientes, para aceptar la vía del procedimiento abreviado. Muchos terminan cediendo a este mecanismo incluso en casos donde podrían existir posibilidades de absolución, debido a la incertidumbre y el temor ante un juicio largo y adverso.

3.2 El rol de las defensorías públicas

Las defensorías públicas, si bien son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, a menudo carecen de los recursos humanos y materiales suficientes para brindar una defensa exhaustiva y personalizada. En algunos casos documentados, los abogados de oficio recomiendan el procedimiento abreviado sin un análisis profundo del caso, lo cual aumenta el riesgo de que se impongan sentencias condenatorias cuestionables, empero no son los únicos, puesto que incluso licenciados en derecho penalistas que trabajan de manera particular, suelen recomendar esto a sus representados ya sea porque su cliente ya les pagó y quieren terminar cuanto antes su relación profesional con los mismos, o porque no se sienten lo suficientemente preparados para solventar todas las etapas del juicio  y temen quedar exhibidos en las audiencias.

En cualquier caso estas situaciones y actitudes de aquellos (abogados y abogadas) que se supone deberían de hacer todo lo posible por resguardar los derechos de los imputados a los que asisten, no pocas veces solo acentúan la vulnerabilidad de estos, ante un sistema judicial que es indiferente a un mínimo de garantías que se les deberían de respetar a los que enfrentan un proceso de carácter criminal, como por ejemplo una defensa técnica y adecuada de calidad y solo en esta situación un acusado o acusada decidir si opta o no por el procedimiento abreviado, pero cuando se tiene una subrepresentación legal realmente el imputado está entre la espada y la pared.

3.3 Opinión sobre la debida diligencia y la igualdad procesal

Desde una óptica crítica, la debida diligencia en la defensa penal no solo requiere la presencia formal de un defensor, sino también un compromiso activo y técnico con la causa. La falta de igualdad procesal entre las partes (Ministerio Público vs. defensa) se ve acentuada cuando la defensa pública no cuestiona a fondo las pruebas o no explora la posibilidad del sobreseimiento o la absolución.

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4. Conclusiones y Llamado a la Reflexión

4.1 Balance entre eficiencia y justicia real

Si bien el procedimiento abreviado responde a una lógica de eficiencia y descongestión judicial, su implementación actual en Baja California —según los datos analizados— muestra una tendencia que podría poner en jaque la justicia material. La celeridad procesal no puede ni debe anteponerse a la garantía de una condena basada en pruebas plenas y en un juicio justo.

4.2 Propuestas o llamados a fortalecer la defensa adecuada

Es imperativo fortalecer las defensorías públicas, dotarlas de más recursos y capacitar permanentemente a sus integrantes. Asimismo, se recomienda implementar protocolos más estrictos de control judicial para verificar la real voluntariedad y conocimiento de los imputados al aceptar un procedimiento abreviado.

4.3 Importancia de continuar monitoreando estos datos públicamente

El acceso público y transparente a las estadísticas judiciales, como las proporcionadas por el Poder Judicial de Baja California, es clave para el monitoreo y control ciudadano. Este tipo de análisis permite detectar patrones problemáticos y exigir mejoras en la política penal.

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Anexos – Estadística judicial (penal oral) de BC

…Y como al principio de esta Publicación mencioné que para la elaboración de este post me base en las estadísticas públicas del PJBC específicamente del Sistema de Justicia Penal Oral, les dejo la información aludida y procesada por un servidor para su mayor y mejor comprensión (periodo de muestreo segundo, tercer, y cuarto trimestre del 2024), hasta la próxima apreciables colegas.

Bibliografía

1. Poder Judicial del Estado de Baja California – Estadísticas

2. CNDH (2022). Informe Anual 2022

3. Ferrer Beltrán, J. (2011). Prueba y Verdad en el Proceso

4. Taruffo, M. (2010). La Prueba de los Hechos

5. CEJA (2018). Estudio Comparado sobre el Procedimiento Abreviado en América Latina

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